Un año de gestión del Frente de Todos: en deuda climática y ecológica

La gestión del Frente de Todos cumple hoy su primer año en el Poder Ejecutivo. No sólo no estuvo exenta de una coyuntura económica muy compleja, producto del dantesco endeudamiento de la gestión anterior, o la crisis social y productiva con niveles de pobreza alarmantes, actividad industrial en retroceso y una inflación galopante. También atravesó una pandemia trágica como la del COVID-19, que llevó a muchos, como es el caso de la revista Time, a catalogar el 2020 como el peor año de la historia. Desde la perspectiva de la crisis climática y ecológica que atravesamos, este contexto requiere comprensión, no condescendencia.

El mismo presidente Fernández lo dijo: no hicieron todo lo que esperábamos. En ese sentido, hace un año le escribí esta Carta Abierta y Ambiental; y no, en este caso, tampoco hicieron lo que esperaba. Si bien la cuestión ambiental cobró una mayor visibilidad por la militancia comprometida especialmente de lxs jóvenes, aún en un año tan difícil, las transformaciones de raíz para abordar nuestro rol en la crisis climática no terminaron de aparecer. Por el contrario: en muchos casos, la raíz del problema se profundizó.

En mi carta planteaba siete puntos que analizaré brevemente. Pero antes quiero enmarcar la situación en la que estamos, ya que varios análisis sobre el tema parecen dejarla de lado. La cuestión ecológica es inmensa, por eso es necesario que ordenemos las prioridades. Por su carácter de catalizador de otras crisis socioecológicas, la principal crisis que enfrentamos es la climática. Esto está relacionado con el aumento de la temperatura global, producto de las emisiones que genera la quema de combustibles fósiles (en un 70% a escala global, y un 53% a escala nacional), pero también por el avance de la deforestación, principalmente por los fines lucrativos del sector agroganadero. Más de la mitad de las emisiones de Argentina provienen del sector energético y nuestra matriz energética depende en un 85% de los combustibles fósiles, una de las más fosilizadas de la región. El Acuerdo de París establece el esfuerzo común de estabilizar el aumento de la temperatura global en 1,5°C: esto significaría que Argentina emita la mitad de lo que propone (como reducción de emisiones, ver más adelante) en su contribución nacional ante Naciones Unidas para 2030, y un neto de cero para la mitad del siglo. Profundizar el camino fósil no sólo dejándolo avanzar sin restricciones sino financiándolo directamente, así como seguir dando rienda suelta al avance del agronegocio, no está alineado en forma coherente con la urgencia que enfrentamos y sólo profundiza las consecuencias de una catástrofe que afecta más a los que menos tienen, mientras sostiene la supervivencia económica de sectores que deben reconvertirse o empezar a quedar en el pasado.

1. REJERARQUIZACIÓN DE AMBIENTE, PARQUES NACIONALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

Planteado el escenario, observaré los puntos manifestados en la carta de hace un año. En primer lugar, la rejerarquización del área de Ambiente a rango ministerial —creada por la gestión de Macri y luego degradada nuevamente tras el alineamiento a los requisitos de ajuste del FMI—. Si bien nominalmente la jerarquización como ministerio es un punto a favor, el presupuesto del área es diez veces inferior a los subsidios a los fósiles presupuestados para 2021. La elección de Juan Cabandié como ministro, puede ser un punto a favor desde la perspectiva de derechos humanos, que aún no se materializó institucionalmente en sentido del abordaje del área sobre cuestiones energéticas y agroindustriales: cuando el ministro lo intentó, los ataques fueron incesantes y la opción del Ejecutivo fue bajar el perfil. Se resolvió favorablemente la dependencia del área de Parques Nacionales, que se mantuvo bajo la órbita de Ambiente —y no de Turismo, como se barajaba en ese entonces—. Por último, la carta indicaba también el límite de emisiones que corresponderían a Argentina para 2030 en línea con 1,5°C, como se mencionó en el párrafo anterior: unas 200 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e). La contribución nacional (NDC, por la sigla en inglés) argentina establece una “reducción” incondicional que lleve las emisiones a 483 MtCO2e. En los próximos días se estará presentando una actualización de esta NDC ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Si bien aún hay tiempo para la sorpresa, las declaraciones del secretario Rodrigo Rodríguez Tornquist en instancias públicas del Gabinete Nacional de Cambio Climático, no parecen indicar una mejora con respecto al componente de mitigación de la NDC presentada en 2016 por la gestión anterior, algo que sería clave para delinear un plan país para la próxima década. Por otro lado, aún pueden materializarse mejoras en la discusión de la Estrategia a Largo Plazo (LTS, por la sigla en inglés) que se dará en el transcurso de 2021, pero si la NDC no se alinea con 1,5°C, las políticas debajo de ese marco tan lejano a los objetivos climáticos no podrán ajustarse al desafío que enfrentamos. El área de cambio climático mantuvo un funcionamiento positivo, pero es necesario aumentar la ambición climática desde esa área coordinadora del Estado y que el Poder Ejecutivo la dote de mayores recursos para hacer frente al desafío.

2. POLÍTICA ENERGÉTICA RENOVABLE A LARGO PLAZO

El segundo punto hacía referencia a una política energética con mirada de largo plazo, apuntando a 100% energías renovables para 2050. Este año nos dejó, entre tantas otras amarguras, la ausencia de Fernando “Pino” Solanas. El exsenador había presentado un proyecto legislativo en este sentido que nunca encontró eco en el peronismo. Por el contrario: ahora en el gobierno, el Poder Ejecutivo degradó la secretaría de renovables a una subdirección bajo la dirección de energía eléctrica, y no avanzó en la incorporación de potencia renovable, sino que mantuvo su paralización ya producto de la última época del gobierno de Macri. Es necesario retomar esta senda de desarrollo renovable, promoviendo la incorporación y el robustecimiento de una industria verde nacional y un enfoque de transición justa para los trabajadores de la energía. Asimismo, las metas de participación renovable siguen siendo muy bajas: según la ley 27.191, sólo el 20% de la electricidad para 2025. Los planes trascendidos de la secretaría de Energía, aún sostienen ese 20% para 2030, casi como una obligación de cumplir con la letra de la ley (y sin proyectar siquiera un mínimo crecimiento), más que por voluntad de avanzar en esa dirección. Las localidades productoras de carbón de Río Turbio y 28 de noviembre continúan sin que el Estado ofrezca un abordaje de transición justa para sus poblaciones (no sólo los trabajadores), y el carbón mantiene su aporte marginal en la matriz energética. El sector del transporte, responsable de un tercio de las emisiones del sector energético, permanece inmutable y sin políticas nacionales que apunten a reducir su aporte.

3. ACCESO A LA ENERGÍA COMO DERECHO HUMANO

El tercer punto de la carta mencionaba la necesidad de considerar el acceso a la energía como un derecho humano. La dolarización de las tarifas durante la gestión del exministro de Energía y exCEO de Shell, Juan José Aranguren, pusieron una enorme presión sobre los consumidores que es absolutamente injustificada e intolerable en estos tiempos. Acceder a la energía debe ser un derecho humano. Si bien el gobierno nacional congeló las tarifas por la pandemia, ofreció apoyo a 21 millones de personas a través de diversos programas y anunció que las tarifas se desdolarizarían, sostener programas de estímulo en dólares como el Plan Gas IV o el barril criollo (ver más adelante) hacen impracticable esta promesa, o bien transfieren el costo a las arcas del Estado que deberán pagar un subsidio mayor a las petroleras, en lugar de destinarla a fondos sociales de enorme relevancia en este contexto. Hubo un congelamiento en las tarifas casi hasta fin de año, pero la matriz que sostiene un precio dolarizado se profundizó.

4. INDUSTRIALIZACIÓN VERDE Y TRANSICIÓN JUSTA

El punto cuatro quizás sea uno de los más desafiantes para pensar un eje transversal de la #ReconstrucciónArgentina, como bautizó el gobierno nacional a la recuperación pospandemia: la industrialización verde y la transición justa de los trabajadores vinculados a la producción fósil. No podemos negar el vínculo estrecho de las políticas de soberanía nacional (sean peronistas o de sectores del radicalismo personalista histórico) con la industrialización, especialmente vinculada a lo fósil. En pleno siglo XXI, con la crisis socioecológica al punto en el que nos encontramos, es necesario realizar una actualización política y doctrinaria de esos sectores para repensar una industrialización verde, que nos permita salir de la primarización económica producto de la exportación de commodities (sean del agro o fósiles), e imaginar una Argentina productora o incluso exportadora de tecnología y conocimiento en materia renovable hacia la región y el mundo. Nuestros recursos son de calidad mundial, tanto en factor renovable como en la capacidad de nuestro sector científico-tecnológico. Avanzar hacia la optimización de nuestra producción verde es un camino que debemos comenzar a transitar cuanto antes y en lo que aún no se ha dado ningún paso. La perspectiva del gobierno de Alberto Fernández en este sentido, permanece inalterablemente fosilista. Cuanto antes empecemos la transición, mejor preparados estaremos para un mundo que apunta a estar libre de emisiones dentro de entre treinta y cuarenta años.

5. TERMINAR CON LOS SUBSIDIOS A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES

En línea con lo dicho anteriormente, ponía el foco sobre los subsidios a la producción de combustibles fósiles. En este sentido, el gobierno del Frente de Todos fue una dirección diametralmente opuesta. Como se mencionó anteriormente, el presupuesto 2021 incluye subsidios a los fósiles por el equivalente a diez veces el presupuesto del Ministerio de Ambiente. Según datos de la investigadora María Marta Di Paola, excluyendo los aportes a la demanda de energía del Presupuesto 2021, el Ejecutivo erogará casi US$ 6400 millones en subsidios a fósiles, a lo que hay que sumarle los US$ 1000 millones que representan el equivalente al 25% de la recaudación del Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas. Más allá de lo presupuestado para el año próximo, durante 2020 las políticas de apoyo directo del Estado a las petroleras —en gran medida, por la coyuntura de enorme dependencia que debemos empezar a desandar— fueron muy precisas: se estableció el barril criollo (Decreto 488/2020) con un precio sostén de US$ 45 al barril, y el año culminó con la aprobación del Plan Gas IV (Decreto 892/2020), con un precio garantizado hasta 3,7 US$/MMBTU. Al menos este avance fósil no se buscó maquillar desde la retórica oficial: Vaca Muerta se promete como llave de la #ReconstrucciónArgentina y la provincia de Neuquén pasará a contar con una sede de la secretaría de Energía. Un disparo en el pie.

6. FINANCIAMIENTO PARA LA LEY DE BOSQUES, FRENO A LA AGROINDUSTRIA TRANSGÉNICA Y META DE DEFORESTACIÓN CERO

En el punto seis planteaba la necesidad de otorgar financiamiento acorde para la Ley de Bosques, un freno al avance transgénico y el avance en una meta de deforestación. Nada de esto ocurrió. Los fondos asignados para la protección de bosques en el Presupuesto 2021 destina menos del 5% de lo que corresponde de acuerdo a la ley 26.331. Pero no sólo no se asignaron las partidas necesarias para su protección, sino que además se aplicó una rebaja temporal de las retenciones a la soja y a la carne. Al mismo tiempo, el Ministerio de Agricultura aprobó la introducción del trigo transgénico, representando un avance de la agricultura agrotóxica en nuestro país, mientras que se avanzaron las tratativas con China para instalar fábricas porcinas en Argentina. Si bien la firma del acuerdo se ralentizó gracias a la militancia de diversos sectores, el tema sigue sobre la mesa. Sobra decir que una meta de deforestación cero sigue apareciendo como una utopía en el escenario actual. Sí se sancionó una Ley de Fuego, iniciativa de Máximo Kirchner, que capitalizó el descontento social por el millón de hectáreas incendiadas este año en Argentina. Esta ley modifica la de manejo del fuego y abarca otros ecosistemas donde no se podrá modificar el uso del suelo luego de sufrir incendios durante una serie de plazos determinados especificamente. Si bien sobre los bosques ya regía esta protección a perpetuidad (ahora limitada a sesenta años), ampliarla a otros ecosistemas supone un avance en las áreas protegidas contra los incendios especulativos. En el balance de medidas para el sector que más emisiones genera luego de la energía, tampoco hubo avances, sino mayormente retrocesos.

7. INTEGRACIÓN ENERGÉTICA RENOVABLE CON EL MERCOSUR

El último punto quedó absolutamente relegado por las carencias en los anteriores. La integración energética regional que permita pensar una Patria Grande en clave de transición energética y nuevas formas de producción de alimentos, sigue lejana. La geopolítica energética regional apunta esencialmente a la exportación de gas como fuente de ingreso de divisas. Tanto en el caso chileno —que está comenzando su transición hacia la carbono-neutralidad en la década del cuarenta y tiene que reemplazar un 40% de generación eléctrica a base de carbón—, como con Brasil y sus tensiones con el gobierno boliviano que llevaron a la secretaría de Energía a plantear un gasoducto desde Vaca Muerta hacia el NEA para potenciar las exportaciones de gas a Brasil y Paraguay. Una región con una matriz baja en emisiones (por su gran aporte de grandes represas hidroeléctricas con otros impactos sociales y ecosistémicos graves), a la que Argentina pretende exportarle fósiles.

CONCLUSIONES

En resumen, el balance de este año en materia ambiental y climática fue fuertemente deficitario. Las dos áreas que requieren mayor atención y medidas de fondo no sólo no cambiaron de rumbo, sino que lo profundizaron. Con excepción de medidas de alcance limitado como la ley de fuego, la agroindustria y los fósiles recibieron más apoyos que cimbronazos. No sólo eso: la reconstrucción pospandemia, que ofrece una oportunidad histórica para cambiar el modo de producir, se focaliza casi exclusivamente en la promesa de Vaca Muerta, una de las mayores bombas de cambio climático del planeta. Los grandes factores que causan la crisis climática no fueron cuestionados, sino profundizados.

Es fundamental que el año próximo se aborden estas cuestiones con una nueva mentalidad y con mayor presencia de la sociedad civil. Alinear a Argentina con 1,5°C es un mandato asumido en el Acuerdo de París. Hacerlo con un componente de soberanía política, independencia económica y justicia social, un desafío para el Frente de Todos y para los que consideren que la transición no puede dejar a nadie atrás. No es un desafío fácil, pero no por eso debemos dejar de abordarlo. Repensar un desarrollo en clave decolonial y posextractivista de la Argentina, con equidad e inclusión social, es la gran pregunta para este siglo. Cuanto más tardemos en empezar a responderla, más costosa será la transición y mayores también las consecuencias.