En tres días vence el plazo para el desalojo de unas dos mil quinientas familias que recuperaron tierras en Guernica, Provincia de Buenos Aires. En ese contexto de urgencia, me acuerdo de estas palabras de Juan Grabois en su libro La clase peligrosa, editado por Planeta en 2018. Aunque hace referencia a las tomas en el barrio Acuba, a la vera del Riachuelo, aplica perfectamente para enmarcar cualquier toma en el desigual y excluyente acceso a la tierra que promueve este sistema.

“La edad de los ocupantes orillaba los treinta años y ninguno sentía el más mínimo respeto por la ley, la autoridad y el Estado. No eran anarquistas, pero en su cotidianeidad no existía contrato social alguno. El Estado era un patrullero y pasaba sólo cada tanto, sólo a levantar la coima de los transas o verduguear a los pibes. Su rostro amable era una escuela-aguantadero, un hospital roñoso, un bolsón de comida o un subsidio miserable. No existía el derecho de propiedad para ellos. No tenían patrimonio. Un título de propiedad ajeno constituía simplemente un elemento de coerción, un límite físico tan carente de sentido ético como el muro de Acuba.

Nunca habían suscripto un contrato: ni laboral, ni civil, ni comercial. La pena era casi siempre un hecho fortuito, aleatorio, arbitrario, totalmente disociado de la conducta. La ley era la ley del rico. La ley del pobre era el hecho y la costumbre. Esta dualidad normativa había sido bien enunciada por uno de los delegados cuando le dijo a un periodista: ‘o me matan o me quedo y me gano mi terreno’. Los hechos tienen una materialidad superior a los derechos. Para los desposeídos, la única forma de obtención de los llamados derechos reales, de algo parecido a un patrimonio, es la acción directa, de facto, que si es victoriosa y se consolida, sólo adquiere cierta legalidad mediante el transcurso del tiempo.

Nada de esto es muy distinto a lo que sucede en los cientos de miles de asentamientos del mundo donde reside un tercio de la población humana. No es que en la Argentina pase algo muy especial, pese a nuestra obstinación nacional de creernos excepcionales, lo mejor y lo peor; no somos ni lo uno ni lo otro: somos una triste colonia tan atrasada, desigual y subdesarrollada como el resto del tercer mundo. Ya hemos perdido incluso el perfume francés que alguna vez exhaló nuestra capital para orgullo del puerto prodigioso. También se va desgajando la herencia del Estado de bienestar peronista con su amplia legislación protectora.

En los países pobres, en promedio, una de cada dos nuevas viviendas urbanas son ocupaciones ilegales de terrenos ociosos. En la argentina, una de cada cuatro, in crescendo. En los últimos cuarenta años, ni los machitos de derecha ni los progresistas sensibles han hecho nada muy distinto a permitir el laissez faire de una dinámica urbana excluyente que necesariamente pone en situación delictiva a millones de personas.

El modo normal de acceso a la vivienda para media humanidad es la toma, la usurpación, la ocupación informal, la recuperación o el eufemismo que se le quiera poner para describir la irrupción violenta e ilegal sobre terrenos disponibles. Este sistema no permite que un tercio de la humanidad acceda al techo en forma legal y pacífica. A otro tercio lo somete a la servidumbre del alquiler o la esclavitud del subalquiler. Nuestro país reproduce sin mayores resistencias la tendencia de la globalización”.

Juan Grabois, La clase peligrosa.

Editorial Planeta, 2018.

Imagen de portada: Federico Cosso.