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La perversión del discurso alcanzó hoy niveles insólitos. Hace unos días, seiscientas personas, en su mayoría mujeres, fueron notificadas por un cartel de cinco líneas en la puerta de una planta de PepsiCo, de que quedaban desvinculadas. Se organizaron para resistir a los ilegales despidos masivos. Fueron desoídas por todos: autoridades nacionales, provinciales, la jerarquía de la empresa y su propio gremio que las dejó solas. Militantes de agrupaciones de izquierda las acompañaron y difundieron la represión que, finalmente, llegó hoy por una orden judicial. Gendarmería y la policía bonaerense se escudaron en lo profundo de la noche y avanzaron contra las trabajadoras a las cuatro de la mañana. El fiscal que intervino en la causa esgrimió motivos ambientales para desalojar la fábrica. Ahí es cuando llegamos al pico de lo sórdido. Las fuerzas de seguridad embistieron contra personas que querían organizarse para trabajar y hacer valer sus derechos, por una orden judicial pintada de color verde agua.

Algunas cosas para considerar, ahora que existe el antecedente. A pesar de los motivos ambientales, sigue avanzando la anacrónica y fatal mina de Río Turbio, donde murieron catorce trabajadores en 2004. A pesar de lo ambiental, se construirán dos megarepresas, también en Santa Cruz, que inundarán miles de hectáreas y afectarán para siempre el ecosistema local, incluido el Perito Moreno y otros glaciares de la zona. Más allá de lo ambiental, el gobierno aprueba leyes sobre energías renovables pero dirige los recursos económicos, técnicos y fiscales al desarrollo de Vaca Muerta, profundizando lo peor del combustible que generó el cambio climático que padecemos todos, pero principalmente los que menos tienen. Independientemente de lo ambiental, no se cierran plantas atómicas obsoletas, riesgosas y contaminantes y se avanzará con otras nuevas. Más allá del discurso ecológico, el polo petroquímico sigue instalado en el corazón del Riachuelo, afectando a las ocho millones de personas que viven en la cuenca —¡uno de cada cinco argentinos!—, a pesar de la oportunidad histórica de que las tres jurisdicciones intervinientes corresponden a un mismo espacio político. Más allá de lo ambiental, quien destruye los bosques nativos del país, aún no va preso. Considerando la ecología, se suspendió por unos días la actividad de una minera de gravísimo prontuario en el país y el mundo, pero ya todo volvió a la normalidad y Veladero, la mina de Barrick Gold en San Juan, sigue funcionando sobre glaciares que son afectados por su actividad y contaminando los ríos locales con permanentes derrames de cianuro. Y aunque parezca una payasada a esta altura, los motivos ambientales tampoco llevan a cuestionar que casi todos los cultivos del país sean transgénicos y sus semillas controladas por dos o tres megacorporaciones internacionales.

Es vergonzoso y perverso que el fiscal Gastón Larramendi, con el amparo y el aval del gobierno que ajusta, despide y flexibiliza derechos laborales, utilice motivos ambientales para reprimir a aquellos que hoy quedan sin trabajo en forma ilegal. Demuestra el interés del gobierno en políticas ambientales. El anterior, no tuvo ninguna. Este, usa el discurso para otros propósitos. Mientras tanto, la brecha entre los que más y los que menos tienen se ensancha. Las mineras ya no pagan retenciones, tampoco el campo. Pero cuando la gente queda en la calle, tiran un lindo discurso a la galería. No lo podemos dejar pasar.

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