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El reciente fallo de la Corte Suprema que otorgó el beneficio conocido como dos por uno al genocida Luis Muiña impide hablar de otra cosa. La decisión llega un día después de que la Iglesia llamase a los organismos de derechos humanos a un diálogo rotulado como inicio de la reconciliación. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo rechazaron cualquier tipo de encuentro hasta que la jerarquía episcopal abra los archivos de la dictadura, algo que el Papa Francisco ordenó en 2015 y que está realizándose, según denuncian, en forma parcial. Al mismo tiempo, el poder Ejecutivo trabaja en una reforma del Código Penal que llevaría a ocho años de prisión la resistencia a la autoridad. Así, el gobierno, la justicia y la iglesia vuelven a trabajar de la mano para reprimir a la ciudadanía y garantizar la impunidad de los represores. Parecían tiempos pasados. Los pañuelos habían logrado avanzar. Hoy, cuarenta años después de empezar a girar en la plaza, sus objetivos están expuestos con una fragilidad dramática. Y con ellos, todos nosotros como sociedad. Algunos que impulsaron avances incuestionables contra el terrorismo de Estado, cantan en las plazas que van a volver. Los socios íntimos desde tiempos inmemoriales ya están acá.

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