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La primera mujer en llegar a la presidencia de Brasil fue separada de su cargo por un artilugio legal ejecutado por una clase política machista, evangélica y fuertemente corrupta. Si bien el país atraviesa un escándalo de corrupción que involucra a altos cargos políticos y empresarios, Rousseff fue suspendida por una maniobra fiscal cuestionable pero usual. Seis de cada diez congresistas que la juzgan tienen problemas con la justicia por cuestiones penales. Por primera vez desde la dictadura el gobierno federal no incluye a ninguna mujer y es liderado por un hombre con una intención de voto inferior al dos por ciento e inhabilitado para postularse a cargos públicos.


El proceso

El diecisiete de abril la cámara de diputados brasileña aprobó el impeachment a Dilma Rousseff en una jornada circense. No se le atribuyó la comisión un delito penal ni se la vinculó en la escandalosa trama de corrupción conocida como petrolao. Se la acusó de maquillar cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal durante las últimas elecciones, una práctica habitual en gobiernos anteriores, pero que podría incluirse en los delitos de responsabilidad considerados por la Constitución para el inicio de un juicio político. El principal impulsor del proceso, Eduardo Cunha —del PMDB, un partido que ha integrado todos los gobiernos desde el regreso de la democracia, pero siempre en alianza con los ganadores—, está acusado de cobrar hasta 40 millones de dólares en coimas y de lavar dinero a través de una iglesia evangélica. De acuerdo a los datos difundidos por Transparencia Brasil, una ONG que monitorea la corrupción, un 57 por ciento de los diputados que juzgan a la presidenta tienen causas abiertas por motivos que involucran corrupción, deforestación ilegal, homicidio o tortura. Los congresistas que votaron a favor del juicio evitaron un posible conflicto de intereses jurando por su familia (un 36 por ciento de ellos), por Dios (un 33), o por el país (el 26). Jair Bolsonaro se destacó al jurar por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, jefe de uno de los centros de tortura durante la última dictadura (1964-1985). Dieciocho días después de la votación, Cunha fue suspendido por el Tribunal Supremo Federal y asumió en su lugar Waldir Maranhao, otro de los investigados en el petrolao. Su primera medida agitó el tablero político: anuló el resultado de la votación del impeachment por considerar que existieron vicios  —entre otros, los excéntricos juramentos— que no garantizaron el pleno derecho del proceso. Rousseff pidió cautela, el Senado anunció que desoiría la medida y avanzaría con su votación. Era, aunque no una solución definitiva, más tiempo a favor de Dilma. Pero al día siguiente el nuevo presidente de la Cámara Baja —quizá arrepentido, tal vez presionado— revocó su propia decisión y restituyó la validez del resultado de abril, dando paso al Senado en la decisión sobre si la presidenta sería apartada del cargo durante 180 días para ser juzgada. Siempre según Transparencia Brasil, el índice de senadores citados por la justicia es aún mayor que en la Cámara Baja: cuarenta y ocho de sus 81 miembros, el 59 por ciento del total. El doce de mayo esos senadores desplazaron a Dilma y al día siguiente asumió su vice, Michel Temer (PMDB). Aunque en el último año la inflación y el desempleo hayan alcanzado los dos dígitos, el PBI se haya contraído el 1 por ciento, o la popularidad de la presidenta haya caído del setenta por ciento con el que asumió a solo un diez, Rousseff fue votada por millones de brasileños para comandar el país hasta 2019. El Movimiento Sin Tierra, una de las mayores agrupaciones populares del país, consideró que “se trata de un golpe institucional y anti-democrático que faltó el respeto a la voluntad de 54 millones de votantes y fue orquestada por los sectores más conservadores de la sociedad”. El doce de mayo el Senado anuló el último resultado electoral. La democracia fue reemplazada por un orden establecido por una mayoría de corruptos.

Veintitrés hombres blancos

El presidente interino, Michel Temer, está involucrado personalmente en el petrolao. El año pasado declaraba que el juicio político a Rousseff era  impensable y que no tenía fundamento político ni jurídico. Cuenta con una intención de voto del 2 por ciento y pesa sobre él una condena del Tribunal Regional Electoral de San Pablo que lo inhabilita a postularse a cargos públicos por ocho años —puede gobernar ya que la condena no aplica para mandatos en curso—. Pero los currículos sucios se ramifican hacia su gabinete, que fue recortado a veintitrés ministerios —ocho menos que durante el gobierno anterior—. De acuerdo a una investigación de la revista Estadao, once ministros fueron investigados por la justicia mientras ocupaban cargos legislativos. El más comprometido es Romero Juca, a cargo de Planeamiento, quien fue citado en cinco ocasiones. Siete tienen causas vinculadas a casos de corrupción y cinco fueron condenados por algún tribunal del país. Además, doce ministros recibieron aportes de empresas vinculadas al petrolao, dos de ellos actualmente investigados por la Fiscalía General de la República. Uno de ellos es el ministro de Relaciones Exteriores, José Serra, que perdió elecciones presidenciales contra el Partido de los Trabajadores (PT) en dos ocasiones: con Lula en 2002 y con la fórmula Rousseff – Temer en las más recientes de 2014. Durante la campaña, una pieza de propaganda orquestada por Mónica Allende, la esposa de Serra, describía a Rousseff como una abortista asesina de niños con la intención de arrebatarle el voto evangélico, crucial para la victoria en segunda vuelta. El flamante ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, fue abogado personal del suspendido Eduardo Cunha y responsable de una sostenida represión contra estudiantes secundarios durante su cargo como secretario de Seguridad de San Pablo. Cuando los estudiantes eran detenidos, De Moraes exigía mediáticamente que fueran juzgados como integrantes de una asociación ilícita, equiparándolos con delincuentes o terroristas. Mantuvo la línea cuando catalogó las movilizaciones a favor de la presidenta Rousseff como “actos de guerrilla”. Por otra parte, a cargo de Agricultura, Pesca y Abastecimiento quedó Blairo Maggi, exsenador y dos veces gobernador de Mato Grosso, reconocido como el mayor productor individual de soja del mundo. La organización ambiental Greenpeace le entregó en 2005 el anti-premio motosierra de oro por la deforestación vinculada a sus empresas en Brasil. Su corporación está presente también en Argentina desde 2010 a través de Amaggi SA. Martín Laplacette, director de la filial, estuvo envuelto en un escándalo revelado también por Greenpeace en 2014 por violar la ley de bosques en connivencia con el gobierno de la provincia de Salta, caso en el que fue denunciado también el actual presidente Mauricio Macri. El criterio de Temer parece haber sido otro que la dignidad y la transparencia. Las coincidencias son otras: los veintitrés ministros son blancos, los veintitrés son hombres.


Mujer golpeada

El recorte ministerial degradó el área de Cultura que pasará a funcionar bajo la órbita de Educación y eliminó el ministerio de Derechos Humanos, Igualdad Racial y Mujer. La composición del nuevo gabinete refleja un patrón en este sentido. Rousseff contó con seis mujeres como titulares de alguna cartera. Hoy, por primera vez desde la dictadura, no quedó ninguna. Tras recibir fuertes críticas por el gabinete exclusivamente masculino, Temer nombró a la economista María Silvia Bastos Marques como titular del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Así buscó apaciguar los reclamos de agrupaciones como el Foro Euro-Latinoamericano de Mujeres que alertó que “la representatividad no es meramente simbólica, sino que trae consecuencias en los países”, o del colectivo feminista Olga que llamó a protestar en las calles buscando llamar la atención con una imagen del gabinete de Rousseff con la figura de sus mujeres decoloradas, en blanco y negro. Una periodista difundió un listado con diez potenciales candidatas a distintos ministerios. Aún así el patriarcado tiene una larga tradición en la política brasileña. Dilma denunció en varias oportunidades que la cuestión de género tuvo peso determinante en el proceso del impeachment. Un análisis de la BBC ilustra algunos casos relevantes en este sentido. De los 81 senadores que suspendieron a Rousseff, solo doce eran mujeres. El principal empleo de las mujeres en Brasil sigue siendo el trabajo doméstico; en su mayoría son, además, negras. La prensa atacó sostenidamente a Rousseff con argumentos machistas. La revista Istoé, por ejemplo, presentó su primer número de abril con una primer plano de Dilma gritando, junto al título: las explosiones nerviosas de la presidenta. Allí la describen como una mujer con ataques de nervios, que maltrata a los trabajadores y es emocionalmente inestable para dirigir el país. Pero no toda mujer fue desprestigiada por la prensa ni evitada en el nuevo gobierno. Mejor tratamiento recibe Marcela Temer, una exmodelo cuarenta y tres años más joven que Michel, que llegó a ser primera dama interina. En un polémico reportaje, la revista Veja la describió como una mujer “hermosa, recatada y del hogar”. Nuevamente organizaciones como Olga combatieron este estereotipo, cuestionando la exaltación del rol de la mujer doméstica y contrastando la historia de lucha de la suspendida Rousseff con la de la exmodelo. El presidente interino, sin embargo, parece priorizar esta figura de la mujer: le ofrecerá a Marcela un cargo en el área social de su gobierno. A pesar de los golpes, Dilma no parece bajar los brazos. Ya está trabajando en su defensa y busca conseguir repudios internacionales contra el nuevo orden instaurado a la fuerza en su país.


Plan Temer en América Latina

El programa de gobierno de Temer se centra en un fuerte ajuste económico y emparejar nuevamente las políticas de la séptima economía del mundo con la de grandes capitales financieras y organismos internacionales de crédito. En un documento económico difundido en noviembre de 2015, antes de la ruptura con el PT, el partido del actual presidente interino consideraba que “la profundización de las divisiones y la propagación del odio y el resentimiento impiden el consenso político sin el cual las crisis serán cada vez mayores”. Meses después romperían con el gobierno y ya con el juicio político en marcha, lanzarían el mencionado programa en el que proponen cambios estructurales para frenar la recesión, regresar a una tasa de crecimiento del 2,5 anual per cápita y reducir la inflación al 4,5 por ciento. Para lograrlo, plantean la necesidad de convertirse en un Estado funcional, moderno y activo que habilite una economía de mercado que, siempre según el documento, quedó demostrado por experiencias exitosas en otros países como la única forma de sostener las instituciones y el Estado de derecho. Estipula además una política de desarrollo basada en la inversión privada, la revisión anual de los programas sociales aplicando una lógica de costo y beneficio —a cinco días de asumir suspendió la construcción de once mil viviendas sociales— y una reforma jubilatoria que incluye la eliminación de la indexación de beneficios previsionales al salario mínimo. Temer fue astuto al anunciar rápidamente que no sería candidato en las elecciones de 2018. De ese modo se permite asumir el costo político de estas medidas fuertemente impopulares en un contexto como el que atraviesa hoy el país.
Todo esto es prometido bajo la idea de regresar al lema nacional de orden y progreso, de pacificación y de unidad nacional. Este discurso de cambio positivo es típico de la nueva restauración neoliberal que está haciendo pie en América Latina. Tal vez así se explique que el primer gobierno en reconocer al nuevo gobierno de Brasil haya sido el comandado por el argentino Mauricio Macri, pidiendo respetar el proceso institucional en línea con el mensaje de Barack Obama que puso un voto de confianza en las instituciones brasileñas. Similar fue el tono adoptado por el gobierno paraguayo —paradójicamente, la embajadora estadounidense en Brasil, Liliana Ayalde, cumplió esa misma función en Paraguay cuando fue destituido el expresidente Lugo en 2012—. Chile y Uruguay se manifestaron preocupados, aunque en tono más ligero que los integrantes del ALBA que acusan la flagrancia de un golpe de Estado encubierto. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, consideró que el impeachment contra Rousseff no se encuadra en las normas que sustentan el procedimiento. El organismo que conduce presentó una consulta jurídica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar el correcto funcionamiento de la democracia en la región.

Más allá de la afinidad que puede tenerse o no con un gobierno, de cualquier corte ideológico, la democracia solo es perfectible si se respetan sus principios. Rousseff no regresará a su cargo pasados los ciento ochenta días —esto es, al menos, lo más probable—. El destino de doscientas millones de personas habrá cambiado de mano por un puñado de dirigentes corruptos que contaron con el apoyo de los grandes medios de comunicación y la condescendencia de las principales naciones satélites. Dilma acusa un golpe. Parece dar con la palabra justa.

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