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En cualquier debate contemporáneo parece insoslayable caer en una batalla de eslóganes o hipérboles a granel. Un ejemplo certero es la situación que atraviesa Brasil con la promoción del juicio político a su presidenta, Dilma Rousseff. Veamos. Los oficialistas denuncian llanamente el advenimiento de un golpe de Estado encubierto. La oposición lo niega levantando la constitución como argumento para enjuiciar (y suspender o incluso remover) a la presidenta. Los bloques opositores también invocan valores externos al motivo por el que se la juzgaría, como el descrédito popular que padece, la crisis económica, la defensa de la familia o incluso el nombre de Dios. Golpe versus Dios. Esa es la discusión de la que no puede escaparse. No importa que se haya o no cometido un delito. Interesa la responsabilidad política en la crisis y un supuesto rechazo público. El tema ingresa en el terreno de lo discutible.

Visto el circo en el que se convirtió la votación por el impeachment en la Cámara Baja brasileña, puede entenderse el carácter panfletario de la oposición a Dilma. Sin embargo cabe la posibilidad de que solo gracias al título altisonante de la campaña previa haya sido posible que los diputados tuvieran la opción de votar. La constitución permite enjuiciar a Rousseff por haber sido acusada de cometer un delito penal o por responsabilidad política —en este caso: apertura de créditos sin autorización del Congreso, omisión de contabilidad de deudas contraídas y reducción artificial del déficit fiscal—. No inspira mayores confianzas, sin embargo, que el encargado de dar viabilidad al proceso, Eduardo Cunha (del partido opositor PMDB), esté acusado de cobrar hasta 40 millones de dólares en coimas  y lavar dinero a través de una iglesia evangélica. Tampoco que un 54 por ciento de los congresistas que la juzgarán tengan causas abiertas en su contra por motivos que involucran corrupción, deforestación ilegal, homicidio o tortura, de acuerdo a los datos difundidos por Transparencia Brasil, una ONG que monitorea la corrupción. Los diputados que votaron a favor del juicio evitaron un posible conflicto de intereses jurando, como se ha mencionado, por la familia (un 36 por ciento de ellos), por Dios (un 33), o por el país (el 26). El congresista Jair Bolsonaro se destacó entre sus pares al jurar por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, jefe de uno de los centros de tortura durante la última dictadura (1964-1985). Además declaró su voto contra el comunismo y expresó: “Fueron derrotados en el 64 y serán derrotados ahora”.

Absorta entre eslóganes y titulares pomposos, la sociedad es forzada a elegir en un infértil Fla-Flu —localismo que enuncia una rivalidad maniquea—. Se pierde la posibilidad de hablar seriamente de corrupción, como se desprende de los votos a favor del inicio del impeachment. Nadie lo hizo. Aún más profundamente, se pierde la oportunidad de discutir sobre el presidencialismo como sistema de gobierno imperante en América latina. Ocurrió luego de la renuncia del expresidente Collor de Melo —suspendido por un procedimiento similar de juicio político, allí sí con notable apoyo popular y político— en 1993: el 55,43 por ciento de la población brasileña votó por un sistema presidencialista. Ya pasaron casi veinticinco años y el país está nuevamente ante este procedimiento que encuentra ecos muy diversos en la sociedad civil. Tal vez ese debate también quede perdido si Rousseff es finalmente destituida.

En Argentina, por otro lado, se viven momentos de cambio en la arena política. Como se sabe, luego de doce años de gobierno del Frente para la Victoria llegó al poder por apenas un 2 por ciento de diferencia en el ballotage la alianza llamada Cambiemos —UCR, la Coalición Cívica y el PRO, teniendo este último los principales cargos ejecutivos a nivel nacional, así como en la provincia y ciudad de Buenos Aires—. Se fue Cristina Fernández de Kirchner, asumió Mauricio Macri. Dos modelos de país con tonos opuestos. Macri asumió prometiendo tres consignas: pobreza cero, vencer el narcotráfico y unir a los argentinos. Fernández dejó el cargo llamando a votar a su candidato, Daniel Scioli, por otros tres motivos: no volver al pasado, evitar el ajuste y la devaluación. El entonces oficialismo logró sintetizarlo en solo una frase: defender el empleo. El actual, también: hacer la revolución de la alegría. En ese terreno discursivo, uno cargado de felicidad y otro de lucha, los argentinos atravesaron el segundo semestre de 2015. Y así comenzaron el año siguiente. Ganó la alegría, al menos desde la palabra.

Hace años, miles de habitantes de los barrios más pudientes de la ciudad de Buenos Aires y otras grandes capitales se movilizaron contra la presidenta Fernández. Podían verse carteles que la degradaban con el llano mote de yegua, o sin rodeos la sindicaban como una dictadora. Referentes de la oposición e integrantes del actual gobierno, en forma casi permanente la diputada Elisa Carrió, también usaban ese término para referirse a Cristina Kirchner. Hoy en movilizaciones kirchneristas se escucha: “Macri, basura, vos sos la dictadura”. Otros más moderados como el diputado Carlos Heller, afín al kirchnerismo, consideraron que Macri busca recrear el modelo económico del proceso. Aquí la sociedad vuelve a verse polarizada, en este caso, en un rechazo a lo que considera una especie de tiranía —¿indiscutible enemigo común?—. Se retoma el recurso de la hipérbole. Recurren los opositores a denostar al máximo posible a su enemigo político. Unos comparaban con Stalin, otros lo hacen con Hitler. ¿Lleva a algún lado esa discusión?

Durante los últimos doce años, puede pensarse que ciertos derechos individuales o la previsibilidad económica nacional se vio afectada por un incremento en los derechos colectivos de ciertas minorías. Para algunos será inaceptable, para otros una patriada. Tantos más pueden diferir y acusar a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de no haber modificado las estructuras sociales, sino de haberlas sostenido en forma matizada utilizándolas a su favor a partir de la teoría populista. Y allí volverán a verse las caras los que aplaudan que al menos se avance en lugar de retroceder, y los que destaquen una supuesta hipocresía. Aquí no se trata de quien tiene razón. Nietzsche diría que no existen hechos, sino interpretaciones. Foucault lo retomaría para cuestionar al poder dominante. Así la última década se ha visto marcada por no contar con el blindaje de la prensa que sí se le otorga al actual gobierno, pero al mismo tiempo fomentó grupos mediáticos afines que subsistían solo gracias a la pauta oficial, como quedó reflejado con el lamentable colapso que sufrieron estos grupos tras el cambio de gobierno. ¿Qué hubiera ocurrido si el kirchnerismo ganaba la batalla contra el Grupo Clarín? ¿Controlaría a los medios con el reparto discrecional de la pauta? ¿Permitiría voces disidentes con un reparto equitativo? No puede saberse. Sí es claro que el actual gobierno, al menos en sus primeros meses, tiene el apoyo de los grandes medios de comunicación, del Poder Judicial —encarnado en la figura del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti— y de las potencias mundiales tradicionales —reflejado por la visita al país de los primeros ministros de Francia e Italia y el regreso, tras casi dos décadas, de un presidente de Estados Unidos—.

La sociedad hace propia la discusión política, tanto en Brasil como en Argentina. También otros temas, como la compleja crisis siria, donde muchos se embanderan con los colores de un país víctima de un atentado yihadista y otros con los del país que recibe periódicamente bombardeos por parte de los nuevos aliados (Rusia incluida). ¿Es sencillo adoptar una postura ecléctica en alguna de estas cuestiones? Claro que no. Requiere investigaciones profundas, interrogantes que tal vez no encontrarán respuesta y, sobre todo, responsabilidad. Sin embargo la cotidianeidad no deja tiempo para un análisis profundo y responsable. No queda espacio para dudar. El gran vencedor de esta era de ansiedades es el eslogan.

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