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Un extracto de esta nota fue publicada en Página/12 el jueves 28 de abril de 2016. Puede leerse haciendo click aquí. Agradezco la gentileza de Horacio Cecchi y los editores del diario por la publicación y por la privilegiada ubicación en tapa.

“Es imposible no pensar en Cromañón”, leí en la tapa de Página/12 el martes 19 de abril. Tomé café y resoplé. Me parecía exagerado. Si lo ocurrido en Costa Salguero hubiese sido como lo de Once, yo aún estaría inconsciente, prácticamente muerto —como estuve durante dieciséis días—. Pero no fue. Tampoco murieron 194, sino cinco. Si se tratase de la tragedia de 2004 no hubiera podido salir de un sitio que se convirtió en infierno irrespirable por condiciones que me excedían. En este caso, pensé, tanto víctimas como sobrevivientes habían tenido un nivel mayor de involucramiento al poder elegir comprar y consumir a conciencia las drogas que se ofrecían sin control.  Sin embargo, días después me pregunto: ¿importan realmente esas diferencias cuando la matriz causante de la masacre es tan similar? ¿Son realmente las costumbres de los jóvenes las que hay que atacar cuando es tal la desprotección del Estado?

Aparentemente no se trataba de una simple decisión personal de consumir o no determinada sustancia en un contexto propicio —como pueden ser las fiestas electrónicas para la ingesta de drogas sintéticas—. Se trató de una zona liberada por el Estado para que un privado se beneficie no solo de la venta de entradas en el evento que organizaba (algo lógico), sino también de la venta de drogas ilegales —de letal confección— y de los exorbitantes precios —hasta cien pesos— de botellas de agua filtrada, previo corte del suministro en las canillas del predio, según declararon testigos presenciales. Negligencia y corrupción empresarial, pasividad policial a cambio de un monto designado, hacinamiento de personas que buscaban divertirse. Todo era cada vez más parecido a lo que se vivió en diciembre de 2004.

Seguramente sea necesario dar un profundo debate sobre el consumo de drogas. Qué consumimos, cómo lo hacemos y si el marco prohibitivo colabora al sentido último de proteger al individuo o incentiva el mercado paralelo. De ser así, veamos cómo combatirlo de modo eficaz e inteligente. Pero principalmente, no puede darse ese debate en detrimento de uno más amplio y necesario: desenmascarar la ausencia del Estado en cuestiones tan rimbombantes como ofrecer seguridad en un evento público de alrededor de 20 mil personas, como ocurrió en Time Warp. La connivencia entre Estado y empresarios —incluso también con narcotraficantes— es causa común de crímenes como el que vivimos hace doce años en Once, o hace unas semanas en Costa Salguero. Cabe el mote de crimen social que tan bien describe Gonzalo Sanz Cerbino en su libro Culpable, en el que analiza la causa Cromañón, porque hay una organización delictiva entre funcionarios y capitales privados que se cargan una o más víctimas fatales. Y no es siquiera por una cuestión de clase. Por más prohibitivo que sea el valor de la entrada para una fiesta electrónica, el asistente promedio no deja de ser un ciudadano común que busca divertirse. Aunque las clases más bajas suelen resultar más fácilmente estigmatizadas y menos protegidas, este caso deja en claro una generalizada desprotección ante un Estado corrupto y cómplice. Todos, claro, salvo los grandes empresarios y los integrantes corruptos de las fuerzas de seguridad.

El legislador Gustavo Vera —del partido Bien Común surgido de La Alameda, reconocida ONG contra las mafias de la trata y el narcotráfico— denunció los vínculos entre Adrián Conci (titular de Dell Producciones, organizadora de la trágica fiesta) y el empresario y exabogado de Diego Maradona, Víctor Stinfale. Según el testimonio de Vera, Dell Producciones, tenía vínculos con la fabricante del agua mineralizada artificialmente Block, donde es también directiva Andrea Fasano, esposa de Stinfale. Dell organiza también la Creamfields y gerencia los boliches Pachá, Pueblo Límite (en Villa Gesell), entre otros en la ciudad y provincia de Buenos Aires. El legislador Vera denunció concretamente que “Conci es un cuatro de copas. El capo de la mafia es Stinfale”. Más allá de las conjeturas, el referente de La Alameda promovió una comisión investigadora en el marco de la legislatura porteña para investigar la responsabilidad estatal en los eventos de Costa Salguero. Luego de una votación dividida, la moción fue rechazada por 27 votos negativos, contra 24 positivos y 4 abstenciones. El PRO, actualmente a cargo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, votó mayoritariamente contra el proyecto. Una oportunidad perdida de que el legislativo adopte un rol preponderante en la protección del ciudadano.

Ahora bien, ¿qué responsabilidad le cabe al gobierno porteño? La falta de control, principalmente, y el poder de policía. Más aún tras la insistencia de Macri y Horacio Rodríguez Larreta en la necesidad de controlar todas las fuerzas de seguridad que operan en su jurisdicción. Justamente porque aún no se concretó ese hecho, recae también el foco sobre el ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Patricia Bullrich, quien coordinaba el accionar de Prefectura, la fuerza a cargo de la zona. En Cromañón debía controlar la comisaría séptima. Carlos Díaz, su exsubcomisario, fue condenado por incendio culposo seguido de muerte y por cohecho (coimas). En su figura se condenó el accionar negligente de la policía. Pero hay un marco aún mayor. En 2005, motivados por la tragedia, los legisladores destituyeron al exjefe de Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, por mal desempeño de sus funciones. Fue él quien orquestó la reducción de la cúpula de inspectores e hizo caso omiso a una serie de advertencias sobre la peligrosidad del recinto que administraba Omar Chabán. En 2007, ya con Mauricio Macri ocupando el sillón principal de la Ciudad, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC) como entidad autárquica de control a cargo del Ministerio de Justicia. Era una inteligente maniobra para deslindar al jefe de Gobierno de cualquier incidente público que ocurriera en jurisdicción de la Ciudad, así como de una comparación simplista con el caso Ibarra. Tres años más tarde se publicó el decreto 2/2010 con la excusa de reordenar la noche porteña, creando la figura de “casas de fiestas privadas”. Allí el control quedaría a cargo del organizador, igualando un evento con venta de entradas y 20 mil asistentes a un casamiento o un festejo de cumpleaños. Los entonces boliches clase “C” donde la escena under del rock se manifestaba, quedó restringida y fue reemplazada por la aparición de estas fiestas privadas —privadas, en realidad de control gubernamental—.

En resumen, la cúpula de inspectores no sirvió en 2004, ni tampoco en 2016, ahora bajo la figura de la AGC que protege al jefe de Gobierno. La comisaría séptima miró hacia otro lado para no denunciar la sobreventa de entradas y las puertas cerradas con candado en Cromañón, tal como ahora lo hizo Prefectura Naval tanto con los asistentes como con la venta de drogas. Los organizadores de los eventos, Chabán o Conci, descansaron en una matriz delictiva que nace de la corrupción y la ausencia del Estado dejándoles zona liberada para desproteger a los pibes que se divierten. Es indistinto en este contexto si querían tomar drogas o no. Eso no justifica un entramado criminal que los arrincona y les vende cualquier porquería. Espero que las familias encuentren consuelo y los responsables políticos y económicos asuman sus responsabilidades. Y que aquellos que no fueron damnificados encuentren la fuerza para reclamar ante las autoridades por su seguridad y la de sus compañeros de vida antes que sea demasiado tarde.

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